Corría junio de 2017 y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, había dado recién a conocer en su Cuenta Pública a la Nación, la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.

Ahí se informaba que este importante proyecto de transporte avanzará en forma paralela a la Línea 1 con el objetivo de descongestionarla.

El trazado, con una inversión de dos mil 900 millones de dólares, comprenderá 30 kilómetros y abarcará siete comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura.

Pero no todo fue color de rosas ya que cada anuncio de este tipo genera una importante especulación inmobiliaria que captura para los privados importantes utilidades que podrían servir para que el Estado amortice los grandes costos de este tipo de obras.

Así lo comentó en su momento el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, quien asume que el crecimiento de Metro es absolutamente necesario para mejorar el transporte capitalino.

A pesar de lo anterior hizo una crítica al anuncio de ese entonces considerando que solo se daba a conocer el trazado que recorrerá el ferrocarril, sin especificar el mecanismo de financiamiento para construir la nueva línea.

“Estamos partiendo por el regalo de la información al mercado inmobiliario, más que por la gestión urbana del transporte” dijo Martin, precisando que la sola mención de un proyecto de Metro detona instantáneamente la especulación inmobiliaria.

Esto ya que al conocerse el plan, las empresas calculan de inmediato el aumento del valor del suelo en aquellas zonas por donde, hipotéticamente, puede pasar. De esta manera, evalúan compras de terreno en aquellos lugares que, estiman, pueden alcanzar una mayor valorización.

Debido a esta práctica recurrente del sector inmobiliario, el especialista remarcó hace un par de años que “este proyecto constituye una oportunidad para otorgarle al Estado la facultad de capturar parte del aumento del valor del suelo que provoca Metro, para poder financiar la iniciativa de manera que se pueda recuperar parte de esos US$2.900 millones que costará su construcción”.

Respecto a la alternativa de concesionar la Línea 7, el profesional sostiene que “esto es, precisamente, lo que no se debe hacer, porque es dejar en manos de un inversionista extranjero la construcción de esta línea, y vamos a tener que pagar eso a través de la operación del Metro. Por lo tanto, el valor del boleto dependería de cómo se haya definido ese contrato de licitación”.

A su juicio, basta observar los resultados que ha provocado el modelo de concesiones en el Transantiago para descartarlo de plano para el ferrocarril metropolitano. Además, indicó que si se revisa la experiencia mundial, lo que se observa es que la gran mayoría de los países no privatiza este tipo de servicios, por considerarlos críticos.

Finalmente, el académico insistió en que el mejor camino de financiamiento para este mega proyecto, es la captura de plusvalía del suelo que genera el Metro. “La idea es no terminar traspasando toda la inversión que hace el fisco a la especulación inmobiliaria”, sentenció.